ONU advierte posible catástrofe humanitaria en Sudán del Sur
La ONU afirmó que se perfila una catástrofe humanitaria en Sudán del Sur, donde los factores de riesgo se acumulan, con 1,2 millones de desplazados internos por la violencia étnica que ha estallado en el país.
"Una catástrofe alimentaria podría ocurrir este mismo año", dijo en Ginebra la portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal brazo humanitario de Naciones Unidas, Elizabeth Byrs.
"El conflicto actual, los desplazamientos masivos de población, la interrupción del comercio y de las actividades agrícolas, la escasez de alimentos, las migraciones de ganado fuera de temporada y la destrucción de los centros de salud se acumulan", explicó.
Byrs indicó que su organismo está en una "carrera contra el tiempo para posicionar reservas de alimentos en Sudán del Sur antes del inicio de las lluvias".
La espiral de violencia en Sudán del Sur ha llevado a cerca de 80.000 personas a buscar refugio en bases de la ONU, que carecen de las infraestructuras para acogerlos y donde las condiciones de vida son cada día más insoportables.
La ayuda prevista por Naciones Unidas está dirigida en parte a los refugiados en esos recintos.
Por su parte, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, anunció el próximo viaje de ésta a Sudán del Sur para hacer un análisis sobre el terreno de las atrocidades que se están cometiendo.
Su llegada, inicialmente prevista para el domingo, ha sido pospuesta para el lunes.
Pillay realizará este viaje de dos días acompañada del enviado especial de la ONU para la prevención del genocidio, Adama Dieng.
Esta visita se ha organizado a petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que se ha mostrado esta semana muy preocupado por la deteriorada situación en el país africano, que consiguió su independencia en 2011.
El conflicto en Sudán del Sur estalló en diciembre y pronto adquirió un tinte étnico debido a que el presidente, Salva Kir, pertenece a la tribu Dinka, mientras que el exvicepresidente y líder rebelde, Riak Machar, pertenece a la Nuer.
Lucha contra la violencia sexual
La ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para pasar de las palabras a los hechos en la lucha contra la violencia sexual en contra de las mujeres en zonas de conflicto alrededor del mundo.
La representante especial de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, se reunió con la prensa para informar del último informe sobre ese problema presentado por el secretario general, Ban Ki-moon, en el que Colombia es el único país latinoamericano mencionado.
El máximo responsable de la ONU celebra que más de 140 países hayan firmado desde septiembre pasado una declaración conjunta en contra de la violencia sexual en zonas de conflicto con el objetivo para deje de ser utilizada como un "arma de guerra".
"Son avances notables e importantes, pero es fundamental centrar nuestros esfuerzos colectivos en que esos compromisos políticos se conviertan en medidas concretas destinadas a la prevención y prestación de servicios sobre el terreno", según el reporte de Ban.
Bangura denunció hoy que en "demasiadas ocasiones" los responsables de esa violencia sexual son miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea el Ejército o la policía, por lo que los gobiernos tienen un papel "indispensable" a la hora de combatirlo.
Tal es el caso de países como la República Centroafricana, donde estuvo de visita el mes pasado la representante especial de la ONU, así como Siria, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, según queda recogido en el informe del secretario general.
También aparecen desde el Ejército de Resistencia del Señor (Uganda), excombatientes de las fuerzas Séléka (República Centroafricana) o antiguas milicias en Costa de Marfil, hasta el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, el grupo Al Qaeda en el Magreb Islámico o la oposición armada siria.
El reporte lamenta que la violencia sexual sea objeto de "pocas denuncias" por los riegos que afrontan tanto los supervivientes y testigos que dan el paso como los trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y periodistas a quienes se dirigen.
Además, explica que el acceso de los supervivientes a la justicia puede complicarse por las restricciones físicas, la insuficiencia de legislación o los costos financieros y sociales derivados de la denuncia y el enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual.
El informe anual hace un nuevo llamamiento a todas las partes en conflicto a cesar todo tipo de violencia sexual y para ello recomienda dar órdenes claras a los mandos que prohíban estos actos, investigar las denuncias y apartar a los culpables de sus filas.
En el informe se recogen también denuncias de casos en Birmania, Afganistán, Mali, Somalia, Sudán o Yemen, así como medidas adoptadas para combatir esta lacra en Angola, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Liberia, Libia, Nepal, Sierra Leona o Sri Lanka.
En el caso de Colombia, denuncia que niñas y mujeres afrodescendientes se vieron afectadas "de manera desproporcionada" por casos de violencia sexual en 2013, mientras el 10 % de los incidentes notificados afectaron a hombres y niños.
En este sentido, expresa su "grave preocupación" por el uso de la explotación sexual de mujeres y niñas en zonas controladas por la guerrilla o por grupos paramilitares para reafirmar el control territorial e intimidar a las mujeres como método de control social.
Por ello, el secretario general recomienda al Gobierno colombiano garantizar que iniciativas como el Marco Jurídico para la Paz contribuyan a la realización de los derechos de los supervivientes a la verdad, la justicia y la reparación.
Ban, por último, celebra los esfuerzos que están haciendo las autoridades colombianas y destaca el apoyo de los expertos de la ONU a la elaboración de directrices contra la violencia sexual en zonas de conflictos para la policía y el Ejército.
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