Niegan asilo

22 de julio de 2014 - 00:00

[caption id="attachment_188988" align="alignright" width="300" caption="Foto: EFE."][/caption]

El Gobierno negó el pedido de asilo político realizado por tres activistas brasileños acusados de asociación ilícita por su participación en las protestas ocurridas el pasado año reclamando mejores servicios y contra la organización de la Copa del Mundo de fútbol, confirmaron fuentes oficiales.

Los ciudadanos brasileños se presentaron en lunes en el Consulado uruguayo en Río de Janeiro para solicitar asilo político.

En este caso "no estaban dadas las condiciones que se requieren para solicitar asilo político", señalaron fuentes oficiales.

En Brasil "rige un Estado de derecho", las garantías para los ciudadanos "son totales" y la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial "también se respeta totalmente", agregaron las fuentes.

La abogada brasileña Eloísa Samy acudió el lunes al consulado de Uruguay en Río de Janeiro acompañada de David Paixao y de Camila Nascimento en busca de asilo después de que una orden judicial revocara un hábeas corpus que se le había concedido tras pasar cinco días en prisión la semana pasada.

Los tres están acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita por su participación en grupos que supuestamente promovieron actos violentos durante las manifestaciones por mejores servicios públicos que se vienen registrando en Brasil desde mediados del año pasado.

Samy fue detenida en una protesta ocurrida en la víspera de la final del Mundial, cuando la justicia ordenó el arresto de un total de 23 activistas.

Paixao y Nascimento no fueron detenidos pero también recae sobre ellos la petición de prisión preventiva por los mismos motivos.

Actualmente, solo 5 de los imputados el pasado 13 de julio permanecen encarcelados y los 18 restantes siguen reclamados por la Justicia.

La abogada dijo a Efe que decidió solicitar asilo por sentirse una perseguida política y por estar siendo tratada como una terrorista pese a que tan sólo ofreció asistencia jurídica a algunos manifestantes.

El magistrado Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, decretó la prisión preventiva de 23 de los activistas debido a la alegada "peligrosidad" de los acusados que, en su opinión, suponen un "riesgo para el orden público".

Según la fiscalía, los acusados integraban un grupo que adquiría material explosivo para promover actos violentos durante las manifestaciones.

El arresto de los activistas, la víspera de la final del Mundial, fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que fueron "arbitrarias" e "intimidatorias".

EFE

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