Macri analiza bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El objetivo es, según el ministro, analizar "cómo el Estado puede dar respuestas tempranas" sin esperar a que los jóvenes cometan "delitos graves o muy graves", para hacer un uso más "inteligente" de los recursos poniendo el foco en la "prevención".
4 de enero de 2017 - 00:00

El gobierno argentino analiza bajar la edad de imputabilidad para los menores desde los 16 a los 14 años, dentro de una reforma del régimen penal juvenil, informaron fuentes oficiales.

Durante los próximos meses, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, impulsará el debate de cara a reformar las leyes actualmente vigentes, con la reducción de la franja de edad de imputabilidad como uno de los temas a discutir tanto con expertos como a nivel político.

"Nosotros ya empezamos a trabajar durante el año pasado junto con Unicef, expertos y jueces de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil. Es una ley dictada en la dictadura que debemos modificar, una ley básicamente paternalista", argumentó hoy Garavano en declaraciones a Radio Nacional.

El objetivo es, según el ministro, analizar "cómo el Estado puede dar respuestas tempranas" sin esperar a que los jóvenes cometan "delitos graves o muy graves", para hacer un uso más "inteligente" de los recursos poniendo el foco en la "prevención".

"Perdemos el universo inicial de cómo van ingresando lentamente al delito. El joven no es que ingresa y mata a alguien o comete un robo con armas sino que lamentablemente es todo un proceso de degradación y de abandono por parte de la familia, por parte del Estado", dijo.

En Argentina, "el salto mayor, estadísticamente, es a los 15", explicó, motivo por el cual la edad exacta de imputabilidad debe ser "uno de los temas de discusión" en los próximos meses.

La incidencia de la droga y el narcotráfico en la criminalidad juvenil o las posibilidades de reinserción laboral y escolar también entrarán en el debate sobre la reforma del régimen penal para los menores.

El tratamiento a nivel legislativo no daría, sin embargo, hasta 2018, de acuerdo a las previsiones de Garavano. "Estamos abiertos a construir consensos", recalcó. 

En Uruguay el tema fue puesto a consideración de la ciudadanía en las últimas elecciones y no se alcancó el 50% de los votos para ser aprobado. La reforma constitucional pretendía bajar de 18 a 16 años la edad a partir de la cual se puede condenar penalmente a un joven por delitos graves. 

 

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