México, Colombia, El Salvador y ahora Ecuador, son claros ejemplos de gobiernos que protagonizan una guerra contra las pandillas y cárteles de narcotraficantes en América Latina, pero se trata de una contienda que presenta riesgos e impacto social, planteando importantes límites y cambios en la acción estatal.
México se embarcó en la "guerra contra la droga" lanzada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Desde entonces, suman más de 420.000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos.
Incluso se cree que la tentativa de detener a los líderes de los cárteles ha hecho que sean sustituidos por otros más jóvenes, más violentos y a veces sin visión estratégica.
En este sentido, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, calificó en julio del 2022 de "crimen" la guerra a la delincuencia iniciada por Calderón.
"No se puede enfrentar la violencia con la violencia", agregó. Su gobierno pretende atender las causas del problema con programas sociales para jóvenes y campesinos, para reducir la inmigración y el narcotráfico.
Al mismo tiempo, creó un nuevo cuerpo de seguridad armado (la Guardia Nacional, que sustituyó a la desaparecida Policía Federal). Varios capos fueron detenidos durante su mandato, como uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, que fue extraditado a Estados Unidos, donde su padre purga condena de prisión.
"Todos los días detenemos a delincuentes. Y cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos", resumió el presidente en julio del 2022.
La violencia en México sigue sin embargo sin dar tregua: tras batir récords con 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2020, en 2022 la cifra se ubicó en 25/100.000.
"En América, la expansión de poderosas bandas internacionales tiene que ver con una política antidrogas equivocada" , señaló el presidente colombiano en la red social X cuando Estados Unidos propuso su "asistencia" a Ecuador.
"A pesar de los enormes esfuerzos emprendidos por más de medio siglo, no se han logrado las metas propuestas" en la lucha antidrogas, señala un reporte del gobierno colombiano sobre las plantaciones de hoja de coca en 2022.
A pesar del apoyo militar de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, con al menos 1.738 toneladas en 2022, según la ONU.
"Los países latinoamericanos deben dotarse de poderosas políticas de empoderamiento juvenil", propone Petro, electo en 2022.
Ante la fuga de jefes criminales encarcelados y la toma de funcionarios de prisiones como rehenes, Ecuador, apoyado por Estados Unidos, respondió con una declaratoria de "conflicto armado interno" contra 22 bandas señaladas de "terroristas". La medida incluye un toque de queda y el despliegue de unos 22.400 militares.
Ya desde su campaña, el presidente Daniel Noboa se declaró favorable a la militarización tras el asesinato de un candidato presidencial.
El mandatario de 36 años anunció a principios de enero la construcción de dos prisiones de alta seguridad, siguiendo el modelo mexicano y especialmente el salvadoreño de Nayib Buquele.
El Salvador, con sólo seis millones de habitantes y 8.124 km2, es presa de la violencia de las pandillas pero ahora busca presentarse como un referente en materia de seguridad.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha encarcelado a más de 73.000 presuntos criminales bajo un polémico estado de emergencia criticado por defensores de derechos humanos. Unas 7.000 personas inocentes han sido liberadas.
El mandatario asegura que la tasa de homicidios en 2023 fue de 2,4/100.000 habitantes, la más baja en tres décadas, frente a 83/100.000 en 2017, antes de su elección.
Otros países, como Honduras, quieren replicar el modelo de seguridad salvadoreño.
Hay expertos que aseguran que la guerra en Ecuador contra las bandas criminales carece de una estrategia de salida y asimismo plantean que son necesarias soluciones de largo plazo con inversión social.
AFP.
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