Las claves del juicio político a Dilma Rousseff

La oposición acusa a la mandataria de haber implementado maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas de su gobierno en 2015, hecho que violaría la Ley de finanzas públicas y sería motivo de destitución según el artículo 85 de la Constitución de Brasil.

Según consigna Folha de San Pablo, una comisión especial con 65 representantes de todos los partidos debe evaluar la denuncia y determinar si es válida. La comisión estará integrada por 35 legisladores oficialistas, en tanto la oposición solo contará con 17 miembros. El resto de los integrantes procederán de partidos independientes con representación parlamentaria.

Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de hasta 10 sesiones de la Cámara de Diputados para defenderse.

Tras ello, el comité especial tiene un máximo de cinco sesiones para presentar su dictamen, que debe ser leído ante el pleno de la Cámara. Cuarenta y ocho horas después los 513 diputados deben votar. La apertura de juicio político requiere por lo menos dos tercios de los votos, unos 342.

Si la Cámara aprueba la apertura del procedimiento, la mandataria es suspendida de sus funciones y la solicitud se remite al Senado, que cuenta con 180 días para desarrollar el proceso, liderado por José Celso de Mello, ministro del Supremo Tribunal Federal. En dicho período, Rousseff tendrá oportunidad de hablar nuevamente y si el juicio no se completa en los 180 días, vuelve a su cargo.

En el citado período, el juicio político debe ser aprobado con dos tercios de los 81 senadores: 51 votos. Si se la considera "inocente", Rousseff reanuda sus funciones de inmediato. De lo contrario, se la aparta de funciones y asume Michel Temer, su vicepresidente. Además, se le prohíbe postularse a un cargo público en los siguientes 8 años.