[caption id="attachment_45216" align="alignright" width="300" caption="Foto: Archivo Presidencia."]
Juristas discrepan sobre continuidad de Calloia
Expertos en derecho constitucional discreparon sobre si el presidente del principal banco estatal Fernando Calloia está obligado a renunciar a su cargo tras ser procesado sin prisión por abuso de funciones.
Calloia, presidente del Banco República Oriental del Uruguay (BROU), y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fueron procesados por la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos por su actuación en el caso de la liquidación de la aerolínea Pluna.
El Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup) señala que en caso de que un funcionario haya sido procesado por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, se dispondrá la "medida cautelar de separación del cargo" con "retención total de sus haberes (salario)".
"No regirá el término máximo de seis meses de suspensión preventiva, debiéndose aguardar las resultancias del sumario", agrega.
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó que a nivel judicial tanto Calloia como Lorenzo no tienen inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, recae sobre Calloia un impedimento administrativo, según el Tofup.
El constitucionalista José Korzeniak señaló a Telenocheonline que Calloia "no tiene impedimentos para seguir en el cargo se esté o no de acuerdo con que haya sido procesado". El profesional indicó que "la razón" por la que puede seguir en el cargo "es muy sencilla: la ciudadanía en ejercicio, que es lo que se exige para ser funcionario público, no se suspende por un procesamiento, salvo cuando es procesado por un delito en el cual haya de recaer pena de penitenciaría (de más de dos años)".
De todos modos, Korzeniak señaló que es muy distinto a cuando hay "condena", que es cuando termina el juicio penal. "Cualquier condena suspende la ciudadanía, pero en el procesamiento solo cuando haya de recaer pena de dos años o más", insistió.
Por otro lado, el abogado y constitucionalista Miguel Langón señaló a El Observador que Calloia debe ser separado del cargo: “si a un cajero del BROU o a un funcionario del Ministerio de Economía lo procesan, son separados del cargo de forma inmediata. Lo mismo debería suceder con Calloia”.
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