Docentes y estudiantes de universidades públicas de toda Argentina marcharán este jueves en Buenos Aires en una manifestación masiva para protestar por la falta de acuerdo con el Gobierno para la actualización de los salarios del profesorado y los recortes en el presupuesto educativo.
Docentes argentinos marchan en defensa de la educación
La marcha, que llega en medio de una huelga que comenzó a principios de agosto -cuando debía arrancar el cuatrimestre-, estará secundada por varios sindicatos y agrupaciones estudiantiles y se produce después de negociaciones fallidas con el Ministerio del Ejecutivo que preside Mauricio Macri.
El reclamo central de la comunidad educativa es el salario de los profesores, ya que consideran que el aumento del 15 % en tres tramos que les ofrece el Gobierno para este año es insuficiente teniendo en cuenta que se estima que la inflación se sitúe en torno al 32 % en todo 2018 y que la moneda local se devaluó alrededor de un 60 % en los últimos ocho meses.
Los profesores demandan que el aumento sea del 30 % con la inclusión de la denominada cláusula "gatillo", que sirve para que las partes se sienten a negociar de nuevo si la inflación supera el límite estipulado en el acuerdo.
A comienzos de año, el Gobierno recortó 3.000 millones de pesos (98 millones de dólares) el presupuesto que iba destinado a obras en Educación.
El sector, además, vive estos días otro paro, el de los profesores de la provincia de Buenos Aires -la más poblada del país-, quienes protestan desde el martes y hasta este jueves por el mismo motivo que sus colegas de las universidades.
La marcha de estos últimos, que se prevé que sea masiva, se produce en un contexto de crisis en Argentina por la elevada inflación y la devaluación del peso frente al dólar, con una nueva jornada negra hoy, al depreciarse un 8,15 % y alcanzarse un cambio de 34,50 pesos.
Para muchos en las universidades públicas, su desencuentro salarial con el Gobierno está relacionado con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se alcanzó el pasado junio y que establece la obligación del país austral de acelerar la bajada del déficit.
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