Cuando la intimidad llega a las redes

Para el experto, “vivimos en un mundo de cámaras y es muy difícil que algo no se capte”, por lo que "hace falta un nuevo contrato social que establezca qué debe hacerse público y qué no”. "Hoy el afectado es fulano, pero mañana puede caer uno en eso”, aseguró.

¿Todo debe ser registrado?. Es común acudir a un concierto y ver cientos de asistentes con teléfono en mano, grabando. Lo mismo ocurre en varios ámbitos de la vida privada  y el material intímo que circula en las redes parte de esa base: la necesidad de filmarlo todo. Balaguer indicó que en la última década, "la validación de una situación pasó a estar dada por la prueba fotográfica o por el video, y no por la palabra y el relato, como sucedía antes" . "Hoy todo el mundo está con un pie en la situación y con otro en el compartir y esperar la mirada validadora del otro”, indicó.

Sobre esa base, llamó a entender que "uno tiene derecho sobre la imagen de uno, pero no sobre la de lo demás, “más allá de que el otro esté haciendo algo mal o con lo que no estemos de acuerdo”.

¿Cómo controlar?. Actualmente, la mayoría de los casos vinculados a la difusión de contenido sexual sin consentimiento de los involucrados se pena por el delito de exhibición pornográfica conforme a lo establecido en los artículos 60 y 278 del Código Penal. De todos modos, no existe una legislación concreta a nivel de exhibición de material a nivel de redes sociales e Internet.

En enero de 2015, la difusión vía WhatsApp de un video sexual protagonizado por jóvenes en un baño del camping de Santa Teresa produjo conmoción por el estado público que tomó. Tras ello, varias figuras públicas se pronunciaron respecto a la necesidad de un marco legal que ampare a las víctimas de este tipo de difusiones.

Puntualmente, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó el proyecto de ley de “Pornografía de venganza” que propone llevar estos hechos al ámbito penal y castigar con entre tres meses de prisión y dos años de penitenciaría a quienes difundan o publiquen a través de Internet o cualquier otro medio electrónico imágenes o video de contenido sexual o erótico obtenido en el ámbito de la privacidad sin consentimiento.

En su exposición de motivos, el colorado recalcó que “la única forma en la que se puede prevenir y hasta tratar de detener este fenómeno, además de la desaprobación social, es la acción penal en contra de quienes publiquen o difundan estos contenidos”. El proyecto se encuentra actualmente a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.