Se trata de bienes valuados en más de $684.000 millones, que alcanzan a la expresidenta argentina, a sus hijos y a Lázaro Báez.
La Justicia argentina ordenó confiscar un patrimonio valuado en casi $685.000 millones, en una decisión que impacta directamente en Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió avanzar con la medida tras no recibir respuesta a las intimaciones previas, y luego de actualizar contablemente —junto a peritos y la Corte Suprema— el valor real de los bienes involucrados.
Según informó Todo Noticias (TN), el decomiso alcanza propiedades, sociedades, operaciones comerciales y activos que, según el fallo, integraron el circuito económico utilizado para desviar fondos en la obra pública de Santa Cruz.
Entre los bienes afectados aparecen algunas de las propiedades más conocidas de la expresidenta:
La Quinta Diez A en El Calafate, obtenida mediante una permuta con Austral Construcciones.
El lote 2 de la manzana 801 de Río Gallegos, originalmente adjudicado a Cristina Fernández y transferido al grupo Báez.
La venta de al menos nueve inmuebles en Santa Cruz firmados por Cristina y Néstor Kirchner a favor de Austral Construcciones.
Operaciones ligadas a Los Sauces SA y Hotesur SA, incluidos emprendimientos hoteleros y explotación turística.
Un préstamo de Austral a Néstor Kirchner, cancelado mediante un certificado de depósito millonario.
Para el tribunal, todas estas transacciones formaron parte del mismo flujo económico que permitió materializar ganancias ilícitas.
El fallo también incluye un decomiso total sobre Lázaro Báez y las firmas de su conglomerado empresarial:
Austral Construcciones SA, eje del esquema de obra pública.
Kank y Costilla SA, beneficiaria del circuito económico.
Gotti Hnos. SA, cuyos bienes identificados se incorporan a la incautación.
Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, señalada como parte de la red societaria.
En caso de que el patrimonio inicial no cubra el monto fijado, la Justicia podrá ejecutar bienes de exfuncionarios vinculados, como Nelson Periotti y José López.
La sentencia establece que todos los activos quedaron a disposición de la Corte Suprema argentina, que decidirá su destino final.
Cualquier inmueble que no se incorpore al patrimonio institucional será subastado y los fondos recaudados se destinarán a reparar el daño causado al Estado.
El tribunal remarca además que los sobreseimientos obtenidos por Cristina Fernández en otras causas no impiden este decomiso, ya que su objetivo es impedir que el delito genere beneficios económicos.
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