Al mismo tiempo que se lleva adelante una marcha a nivel nacional en reclamo del desafuero y allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta pidió al Senado que autorice el procedimiento ordenado por el juez Claudio Bonadío.
La marcha denominada "21-A" surge tras la causa revelada por los cuadernos de las coimas, que desató una serie de detenciones de exfuncionarios y empresarios, en le investigación de una presunta red de sobornos en la concesión de obras públicas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Además de la cita frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, provincias como Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Río Negro, se adhieren al reclamo de desafuero y allanamientos para la actual senadora.
En la sesión de este miércoles, se debatirá sobre el pedido de allanamiento de las propiedades y el despacho de cristina, realizado por el juez Claudio Bonadío, bajo la causa en la que es investigada como presunta jefa de asociación ilícita.
En caso de llegar al quórum para habilitar el debate, el Senado podría aprobar también el proyecto de ley sobre la extinción de dominio, proceso judicial que le facilitaría al estado la recuperación de los bienes obtenidos mediante la comisión de delitos, en particular los asociados con la corrupción.
A diferencia de lo ocurrido la semana pasada en la Cámara Alta, se difundió un acuerdo entre oficialismo y oposición para poder permitir el allanamiento a tres propiedades de la expresidenta.
En este contexto, Cristina presentó una nota en la que le comunica a los jefes de bloque del Senado, que a esta altura de las circunstancias no tiene “ningun inconveniente” en que la Cámara Alta autorice los allanamientos solicitados por bonadio.
Si bien habilitó los allanamientos, pidió que no hayan cámaras de televisión ni fotográficas en el procedimiento, según aclara, para "evitar la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento" y, remarca, que el juez “no rompa nada” en sus domicilios.
En el escrito, la expresidenta asegura que su autorización "no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas" por el juez, al que denuncia de llevar a cabo "una cruzada persecutoria" contra su persona, sino que aclara, "tiene por objetivo terminar de una vez por todas con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".
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