Se trata de la primera denuncia aceptada por la Justicia contra exparlamentarios en el marco de la operación Lava Jato, que investiga los desvíos de recursos públicos en empresas estatales, principalmente Petrobras, responsable de cerca el 12 % del producto interno bruto (PIB) brasileño.
La justicia brasileña imputó a cuatro exdiputados de ese país por delitos de corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. La máxima corte de Brasil investiga a 50 políticos por supuesta implicación en el caso, la mayoría pertenecen al partido político de Dilma Rousseff.
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