El abogado de las hijas del fiscal Alberto Nisman, Federico Casal, dijo que la causa ya inició "el camino del juicio político" tras la resolución de la Cámara Nacional del Crimen para que pase a ser investigada por el fuero federal.
"Esto se llama empezar el camino del juicio político", aseguró Casal, quien se mostró contento con una resolución que, poco a poco, "pone las cosas en su lugar", tras un año y tres meses "irreparables" que suponen que en todo este tiempo la investigación no estuviera a cargo de "su juez natural".
Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA en Buenos Aires, fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento de los iraníes señalados como responsables del ataque y en la víspera de presentar las pruebas ante el Congreso.
"Esto es un gran paso para la investigación, pero es un paso más importante todavía para la República", indicó el abogado, consciente de que "falta un largo camino" por recorrer, ya que la medida todavía puede ser recurrida por el único imputado en la causa, Diego Lagomarsino, propietario del arma que mató al fiscal.
Casal habla de la importancia de esta resolución en términos de país remarcando que "los jueces no se pueden elegir", algo que considera "pasó en esta causa", en la que hubo una demora de dos horas para dar aviso de lo que le ocurrió al fiscal y, cuando se hizo, no fue a la autoridad judicial que correspondía, si no que -a su entender- la eligieron.
Para Casal, el motivo está claro: "Si hubieran dado intervención al fiscal federal, el que estaba de turno era un fiscal que por su actuación y por sus investigaciones al poder no era nada dócil al régimen saliente" de Cristina Fernández. "Nuestra expresidenta levantaba su manita, su dedito acusador y ya adelantaba el resultado de una investigación que recién se había iniciado", agregó.
Citando a Gabriel García Márquez, la causa Nisman es para Casal la "crónica de una muerte anunciada" por la cantidad de pruebas y amenazas previas existentes en torno a la figura del fiscal, que se encargaba de investigar el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos.
La investigación de su muerte presentó, a juicio de Casal, "irregularidades" desde un comienzo, lo que pone en jaque a los querellantes. "Qué nos queda para los que no tenemos ese rango y no somos tan importantes, como el ciudadano común; cuál es la protección de la justicia si esta es la que le dan a un funcionario de esa categoría".
EFE
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