La Dirección Nacional de Bomberos envió un informe técnico preliminar a la jueza, María Aurora Larramendi sobre el incendio en el hogar de ancianos donde murieron siete personas, mientras aún trabajan para determinar las causas del mismo.
Según informó a Telenoche la vocera de Bomberos, Mariela Vivone, en el documento enviado se manejan dos hipótesis. Por un lado, la posibilidad de que el fuego haya iniciado por factores eléctricos, "que puede haber sido desde recalentamiento a un corto circuito o falso contacto" y por otro, se analiza el factor humano, incluyendo las posibilidades de un descuido, una imprudencia, negligencia o incluso intencionalidad por parte de alguno de los ancianos presentes o la encargada del hogar.
Vivone señaló que aunque se manejen dos hipótesis, "estas implican un campo muy amplio, por lo que se han enviado muestras a laboratorios para descartar causas".
La dueña y la encargada del residencial quedaron emplazadas tras declarar este martes en tanto no se arrojen los resultados de las pericias de Bomberos.
"El caso requiere muchas pericias técnicas y hasta que no se sepa qué pasó, no podemos determinar culpas. Interrogamos a la dueña del lugar, a familiares y estamos trabajando para conocer la situación. La dueña y su madre, cuidadora del lugar, están emplazadas", relató la magistrada a Telenoche.
En el lugar, ubicado en Millán y Cisplatina, vivían otros diez ancianos que fueron traslados a otros residenciales en condiciones estables. Según indicaron a Telenoche personas vinculadas a la institución, el local funciona hace dos años y tuvo una inspección del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud Pública, no así de Bomberos.
Según indicó el director nacional de la fuerza, Leandro Palomeque, el lugar no estaba habilitado y según figura en actas, el trámite se inció en agosto de 2014 y no se siguió, quedando trunco en noviembre del mismo año.
Palomeque agregó que en la declaración de incio de trámite, el plano indicaba una zona más chica que la del área real del local. "No debería haber funcionado sin la habilitación de Bomberos", sentenció, aclarando que debía haber contado con hidráulica, sistema de detección, extintores fijos y portátiles y cartelería con iluminación de emergencia.
Por su parte, el director nacional de Salud, Jorge Quian, explicó en conferencia de prensa que el Ministerio "no habilita, pero acompaña a este tipo de centros mientras se realizan los trámites".
EL HECHO. A las 6 de la mañana del lunes, Bomberos recibió una llamada de vecinos del residencial que advirtieron el incendio por el humo. Los efectivos llegaron al lugar y se logró controlar el fuego, pero de todos modos hubo siete fallecimientos.
Las víctimas fueron identificadas como Cloris Da Silva de 69 años, Aeropajita Coitinho de 96 años, Juan Pereira de 76 años, María Vázquez de 97 años, Ruben Cabrera de 74 años, Francis Rojas de 92 años y Ari Domínguez de 83 años.
Una de las hipótesis que se maneja es que la colilla de un cigarro, pero se aguardan por los resultados de la investigación y las pericias. Desde el residencial se dijo a Telenoche que una de las residentes fumaba y días atrás se le había incautado un encendedor para evitar problemas.
PROBLEMA EXTENDIDO. En 2015, el cierre de una residencia para adultos mayores en Salto y el posterior procesamiento con prisión de su encargada puso en evidencia las carencias de este tipo de instituciones así como la falta de fiscalización del Estado.
En noviembre, el director de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Julio Bango, reconoció en el Parlamento que una de cada tres casas de salud en Uruguay deberían cerrar sus puertas.
"Tendríamos que cerrar un tercio de los centros residenciales que existen en todo el país y no lo vamos a hacer porque el Uruguay no tendría condiciones de poner a esas personas en otro lugar", reconoció Bango en ese entonces en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores.
Según el último Censo realizado en el país en 2011, hay 903 residencias de larga estadía en todo el país: 416 en Montevideo y 487 en el interior. Allí vive un 3% del total de los adultos mayores de Uruguay, unas 13.817 personas, de las cuales 11.560 son adultos mayores y el resto pacientes con algún tipo de patología psiquiátrica o un alto nivel de dependencia.
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