Acciones coordinadas

7 de octubre de 2014 - 00:00

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que la combinación de acciones de integración social con policiales incrementa la eficacia en la prevención de delitos y en la rehabilitación de sus infractores, especialmente cuando se trata de menores de edad.

El mandatario se mostró favorable de establecer acciones coordinadas entre los ministerios de Interior y Desarrollo Social para reducir los índices de delitos violentos en la región.

Así lo expresó durante el acto de apertura del II Seminario de Justicia Restaurativa en Uruguay, al que acudieron policías y jueces del país para informarse sobre medidas alternativas en la resolución de conflictos delictivos.

Uruguay está desarrollando en los últimos años un plan piloto de justicia restaurativa, respaldado por la Unión Europea, para integrar programas de mediación social en zonas con elevada conflictividad social.

Bonomi incidió en la necesidad de habilitar espacios para el encuentro entre la comunidad y los agentes de policía, que "rompan con la tradicional presentación de la denuncia" y en fortalecer los centros de mediación social.

En un encuentro de mediación social, la víctima y el ofensor se comunican directamente para que puedan llegar a un acuerdo común sobre cómo resarcir el daño ocasionado, con ayuda de un profesional imparcial, explicó el especialista inglés en justicia restaurativa Brian Dowling.

Entre 1992 y 2003, Uruguay llevó a cabo una experiencia similar que posibilitaba estas reuniones entre víctimas y agresores, y que obtuvo "buenos resultados" en un promedio de 5.000 casos, aseveró la psicóloga Gabriela Fulco.

Fulco destacó el efecto terapéutico del encuentro para la víctima, al poder confrontarse directamente con su agresor, y su valor en la prevención de futuros delitos, al dar a conocer al ofensor la dimensión real de las consecuencias de su delito, que ignora en muchos casos.

Dowling defendió que la encarcelación "satisface la sed de castigo", pero que, en muchos casos, "no evita la reincidencia".

Este proyecto piloto, con el que también colabora el Ministerio uruguayo de Desarrollo Social, auspició la apertura de un centro de mediación penal adolescente que lleva varios meses en funcionamiento.

El antropólogo uruguayo Ricardo Fraiman aseguró que la respuesta de los adolescente es positiva, pues de los cerca de 90 a los que se propuso participar voluntariamente en este programa de reinserción social, "solo dos se negaron".

Esta medida es una de las alternativas promulgadas por el Gobierno de Uruguay frente al referéndum que se celebrará el próximo 26 de octubre en el país, coincidiendo con las elecciones del país, en el que se votará acerca de la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 16 años.

La propuesta fue impulsada por el Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional; y es rechazada por el partido del Gobierno, el Frente Amplio.

"Algunos jóvenes delincuentes necesitan ser detenidos por seguridad pública, y en muchos casos por su propia seguridad, pero la detención de gente joven como castigo debe pensarse bien antes de implementarse", sentenció Dowling.

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